Sentencia A. 2542/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2542/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conocimiento de demandas laborales promovidas por empleados públicos contra empresa social del estado

 

AUTO 2542 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-4313.

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo (Tolima).

 

Magistrado Ponente:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

 

1. El 14 de junio de 2017[1], por medio de apoderado judicial, la señora Gilma Vanessa del Rocío Rivera Ortiz  presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital Serafín Montaña Cuéllar E.S.E.[2] de San Luis, Tolima[3]. La actora narró que entre el 7 de enero y el 15 de diciembre de 2014 estuvo vinculada a la entidad demandada a través de un contrato de trabajo, en virtud del cual se desempeñó como “médico del servicio social obligatorio”. Además, que el 28 de diciembre de 2016[4], en respuesta a una petición formulada por la demandante, la E.S.E. expidió un acto administrativo en que le negó el pago de horas extra y recargos nocturnos, dominicales y festivos.

 

2. En consecuencia, como pretensiones de la demanda la ciudadana solicitó declarar la nulidad del acto administrativo expedido el 28 de diciembre de 2016 y condenar a la E.S.E. a: (i) reconocer que la demandante estuvo vinculada mediante una relación legal y reglamentaria; (ii) pagar los compensatorios, horas extras, disponibilidad de turnos, reliquidación de factores salariales y prestacionales y (iii) pagar los perjuicios causados a la demandante. 

 

3. En sentencia del 29 de septiembre de 2020[5], el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda debido a la ausencia de pruebas sobre los tiempos efectivamente laborados por la señora Rivera Ortiz. La demandante presentó recurso de apelación contra el fallo[6].

 

4. Mediante providencia del 4 de mayo de 2023[7], el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la falta de jurisdicción, la nulidad de todo lo actuado al interior del proceso y remitió el expediente a los juzgados civiles del circuito de Guamo. Dicho tribunal se refirió a los artículos 104.4 y 105.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al artículo 2.1 del Código Proceso del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), según los cuales la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce las controversias laborales suscitadas entre las entidades estatales y sus empleados públicos, mientras que la jurisdicción ordinaria laboral tramita los conflictos originados directa o indirectamente en un contrato de trabajo. Como la señora Rivera Ortiz estuvo vinculada a la E.S.E. demandada mediante un contrato de trabajo, el Tribunal concluyó que el asunto debía conocerlo la jurisdicción ordinaria laboral.

 

5. Efectuado el nuevo reparto, el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo. Mediante auto del 13 de junio de 2023, el juzgado promovió el conflicto negativo entre jurisdicciones[8]. El despacho afirmó que, según el artículo 16 del Código General del Proceso (CGP) y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[9], la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Por tanto, los funcionarios judiciales no pueden apartarse del conocimiento de un asunto después de la admisión de la demanda, salvo que las partes aleguen la falta de competencia o jurisdicción dentro del término previsto para ello. Como en este caso el Tribunal Administrativo del Tolima declaró de oficio la falta de competencia, el Juzgado consideró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo debía continuar con el trámite del proceso. 

 

6. Finalmente, de acuerdo con el reparto efectuado el 23 de mayo de 2023, el proceso se remitió al despacho del magistrado sustanciador el 26 de mayo siguiente[10].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

7. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

8. Esta corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones es necesario que se cumplan los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, tal y como han sido definidos de manera reiterada por este tribunal[11]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos:

 

 

Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer las demandas de reconocimiento de derechos laborales promovidas por personal de la salud que desempeña el servicio social obligatorio. Reiteración de los Autos 796 de 2021 y 681 de 2022

 

9. En el Auto 796 de 2021, la Corte estableció que “[l]a jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de una demanda laboral contra una Empresa Social del Estado promovida por un empleado público, situación jurídica que se constata con las funciones que desempeña en la entidad acorde con lo previsto en la Ley 10 de 1990”. Según dicha Ley, en concordancia con el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, quienes prestan sus servicios a una E.S.E. son por regla general empleados públicos, y solo excepcionalmente se consideran trabajadores oficiales quienes se dediquen a servicios generales o al mantenimiento de la planta física hospitalaria.

 

10. Al respecto, esta corporación señaló en el Auto 681 de 2022 que los médicos en desarrollo del servicio social obligatorio deben considerarse empleados públicos, pues sus funciones no corresponden a las desempeñadas por los trabajadores oficiales de las E.S.E. Lo anterior, con independencia del tipo de vinculación que en la práctica tuvo el demandante, puesto que “para efectos de determinar la competencia, la Sala debe tener en cuenta las normas especiales que establecen el tipo de vinculación laboral aplicable a las entidades demandadas”[12]. De esa manera, en casos similares, la Corte[13] ha asignado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de demandas de carácter laboral presentadas contra una E.S.E. por profesionales de salud en cumplimiento del servicio social obligatorio, a pesar de que estuvieran vinculados a la entidad demandada a través de un contrato laboral.

 

11. Recientemente, en el Auto 2041 de 2023[14], la Sala Plena conoció un proceso similar[15] al que se estudia en esta ocasión y aplicó el precedente establecido en los Autos 796 de 2021 y 681 de 2022. En esa oportunidad la Corte estableció que la demandante, quien se desempeñó en la E.S.E. demandada como médica en cumplimiento del servicio social obligatorio, ostentaba en principio la calidad de empleada pública debido a lo dispuesto en la Ley 10 de 1990. En consecuencia, se decidió asignar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer el proceso.

 

Caso concreto

 

12. En el caso objeto de estudio se evidencia que la señora Rivera Ortiz se desempeñó en la E.S.E. demandada como “médico del servicio social obligatorio”. La demandante, en principio, no tuvo la calidad de trabajadora oficial, pues sus funciones no estaban relacionadas con la prestación de servicios generales o el mantenimiento de la planta física hospitalaria. Por lo tanto, se debe aplicar la regla general de vinculación de las E.S.E., en virtud de la cual la actora debe ser considerada como una empleada pública[16]. Así pues, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer la demanda en el caso concreto, pues según el artículo 104.4 del CPACA y la jurisprudencia de la Corte, aquella es la competente para tramitar las controversias de carácter laboral suscitadas entre las entidades estatales y sus empleados públicos.

 

13. En consecuencia, la Corte reiterará los Autos 796 de 2021 y 681 de 2022 y remitirá el expediente CJU-4313 al Tribunal Administrativo del Tolima. Esa autoridad deberá comunicar la presente decisión a los interesados en el trámite judicial y al juez civil involucrado en el conflicto.

 

III.                DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

  

Primero: DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Tolima es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por la señora Gilma Vanessa Del Rocío Rivera Ortiz contra el Hospital Serafín Montaña Cuéllar E.S.E.

 

Segundo: REMITIR por medio de la Secretaría General de esta corporación el expediente CJU-4313 al Tribunal Administrativo del Tolima para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados dentro del trámite judicial y al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo.

 

 Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

---